Redes públicas de Internet

¡Usuarios del mundo uníos!

Jorge E. Arreola Cavazos

Quien cuenta con una línea telefónica de Telmex puede contratar servicios de acceso a Internet de alta velocidad para “bajar” información de hasta un megabit por segundo, por el mismo cable telefónico. A esa velocidad se puede bajar una película de dos horas de duración en alrededor de 16 horas y 48 minutos, pero tiene un costo de 599 pesos mensuales adicionales a los cargos de renta, servicio medido, larga distancia y llamadas a celulares, y las posibilidades de comunicación quedan estrictamente limitadas a lo que Telmex ofrezca y permita hacer en su red. Sin embargo, si se desea obtener servicios de otro proveedor, es necesario instalar una nueva conexión, porque Telmex no permite utilizar el mismo cable que ya tenemos instalado en casa.

Y hasta ahí llega la “modernidad” que vivimos un selecto grupúsculo de mexicanos que podemos acceder, por cuenta propia, a una conexión de alta velocidad. Desde luego, lo que tenemos ahora es mejor que lo que había antes, pero…¿es lo mejor que podemos tener y lo que nos merecemos por lo que pagamos?

Hace años que la tecnología permite ofrecer más servicios, a mayor velocidad, para más personas, sobre la misma conexión y a menor precio. Sin embargo, el despliegue de las nuevas redes de banda ancha, así como la variedad y calidad de servicios que podrían ofrecerse a través de ellas, no convienen a los intereses de los operadores que originalmente actuaban como monopolios, porque verían amenazada la viabilidad de sus actuales modelos de negocios.

Frente a esta situación, se destaca la experiencia de un grupo de once municipios avecindados en el estado de Utah, que decidieron ya no esperar más a Qwest y Comcast, sus principales operadores de telefonía y tv-cable, y optaron por construir su propia red de fibra óptica para dar acceso al 100% de los hogares. No es el primero ni el único proyecto municipal en marcha para desplegar nuevas redes de datos de fibra óptica en los Estados Unidos, pero si es el primero que reúne a una comunidad de municipios en torno a un concepto de “Infraestructura de Telecomunicaciones Pública Abierta”

La idea básica no podría ser más simple. Piense en los servicios de carga y mensajería que en la actualidad compiten entre sí y gozan de absoluta libertad para transportar las mercancías de sus clientes utilizando las mismas calles y carreteras que construyó el gobierno. En este caso sería lo mismo: los gobiernos municipales instalan las nuevas redes de fibra óptica que, al igual que las calles, llegarán a todos los hogares. Los operadores de telecomunicaciones serán los clientes de los municipios, que circularían por estas nuevas carreteras de información transportando la paquetería de sus clientes. Y los usuarios finales tendrán absoluta libertad para elegir a los operadores de telecomunicaciones que más les convengan.

En principio, la capacidad ofrecida a cada usuario será de 100 megabits por segundo, con lo que “bajar” una película de dos horas requeriría de 10 minutos, y se estima que el cobro promedio por el acceso a datos será de 28 dólares mensuales por usuario.

Naturalmente, este proyecto ha enfrentado una fuerte oposición de los operadores dominantes en este mercado. Las presiones ejercidas por Qwest y Comcast contribuyeron a que siete municipios, incluyendo la capital del estado Salt Lake City, abandonaran el proyecto de construcción de la red y a que el congreso estatal prohibiera la construcción de nuevas redes de municipales, con lo que suman ya 14 estados que establecen este tipo de prohibiciones. Además, en mayo de 2005, Pete Sessions, representante republicano por Texas y ex-empleado de Southwestern Bell, presentó una iniciativa para su prohibición a nivel federal.

Utopía

Pese a las adversidades, en agosto de 2004 los once municipios realizaron una colocación de bonos por 85 millones de dólares para financiar la primera etapa de la construcción de la red. Además, el 23 de junio de 2005 se presentó una nueva iniciativa bi-partidista en el Senado para proteger el derecho de las comunidades para construir sus redes y proporcionar servicios de acceso de banda ancha. Esta nueva iniciativa cuenta con el firme respaldo de una coalición de las principales organizaciones de consumidores y defensores de los derechos públicos como Free Press, Consumers Union y la American Public Power Association, entre otras.

El proyecto lleva el nombre de UTOPIA, tanto por sus siglas en inglés, Utah Telecommunications Open Public Infrastructure Agency, como por su objetivo de proveer acceso universal de banda ancha y liberar al usuario de las limitaciones impuestas por los antiguos monopolios, al propiciar una mayor competencia entre proveedores de servicios al usuario final. Y aunque involucrar directamente al gobierno en una actividad que actualmente corresponde al ámbito privado es todavía muy cuestionable, UTOPIA ha logrado lo que en principio parecía irrealizable: aglutinar el esfuerzo de grupos ciudadanos para poner las necesidades del usuario por encima de poderosos intereses corporativos.

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