Satmex, una historia de fracasos

Satélites Mexicanos (Satmex), propiedad de la compañía estadounidense Loral Space & Communications y de la compañía mexicana Principia así como del gobierno mexicano, solicitó a un tribunal en Estados Unidos que rechace la petición de un grupo de tenedores de bonos de declararla en quiebra en territorio estadounidense, con el argumento de que ya había iniciado el proceso de reestructuración de sus adeudos en México al amparo de las leyes mexicanas y de un concurso mercantil.

Así, Satmex, la compañía resultado de la privatización del sistema de satélites del gobierno federal, se encuentra en lo que sería la etapa final de su historia como empresa privada luego de que su administración y accionistas, los hermanos Autrey, fueron incapaces de hacer frente a la competencia de compañías extranjeras como Panamsat. Además, los accidentes y fallas de sus satélites la colocaron en una difícil situación que se agudizó con sus abultados pasivos.

La renuncia de su director general, Lauro González, también precipitó a la empresa que hoy se enfrenta al reclamo de sus acreedores en Estados Unidos. Satmex ahora defiende que la jurisdicción para resolver los problemas financieros es México por motivos de seguridad nacional y defensa, pero los acreedores, dueños de cerca de dos terceras partes de los 520 millones dólares en bonos que adeuda la compañía, opinan lo contrario y exigen que EU sea la sede del proceso de reestructuración.

Sin embargo, el pasado 29 de julio, Satmex consiguió un acuerdo con sus acreedores de Estados Unidos para que retiren la demanda en su contra y que su quiebra pueda resolverse en México.

La lucha de Covarrubias contra ING

Fabio Covarrubias, ex socio de Carlos Cabal en el Banco Unión y accionista de la empresa Ribetex, actualmente en proceso de liquidación, ha librado durante los últimos años una intensa batalla en contra del poderoso grupo ING de Estados Unidos que ahora controla Seguros Comercial Amiérica, la aseguradora que vendió Alfonso Romo, presidente del Grupo Pulsar.

A cuatro año de que el Grupo Fertinal dejó de operar luego de que el huracán Juliette dañara sus instalaciones en Baja California Sur, el juez 40 de lo Civil en el Distrito Federal, Pedro de la Vega Sánchez, falló a su favor y ordenó a la empresa aseguradora ING Comercial América indemnizarla con el pago de más de 275 millones de dólares.

A principios de julio, ING tenía un plazo de cinco días hábiles para liquidar los intereses moratorios generados desde noviembre de 2001 —cuando inició el juicio—, conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

De acuerdo con la sentencia, Comercial América deberá cubrir los gastos de daños consecuenciales (pérdida de utilidades, salarios fijos, etc), por 25 millones de dólares.

Alertan sobre oligopolio bancario

La intensa bancarización que concretarán este año los bancos podría representar mayores costos para los usuarios finales no sólo a través de comisiones sino también en el incremento de las cuotas de peaje en autopistas y en la compra de gasolina. Por ello, durante la Sesión Permanente del Congreso de la Unión se presentó el pasado 27 de julio un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda informe al Poder Legislativo sobre el proyecto para automatizar el peaje de carreteras así como las regulaciones para la adquisición de combustible en estaciones de servicio, con tarjeta de crédito o débito.

En entrevista, la senadora del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Sara Castellanos, dijo que resulta obvio el interés de la banca por aumentar su cobertura; sin embargo, insistió en que el proyecto de un mayor uso de medios electrónicos de pago no debe representar perjuicios para los usuarios y consumidores. Alertó sobre el pago de gasolina, diesel, gas natural y licuado de petróleo, a través de tarjetas de crédito o débito, pues el costo de este servicio será cubierto por los usuarios en el caso de que la banca se niegue a reducir a las gasolineras las comisiones por este servicio.

Ésta será de 1.0% respecto del total de la compra, en el caso de los plásticos de débito; y de 1.25% en los de créditos, que son los costos que las más 7,000 gasolineras en el país deberían cubrir a la banca por cada operación registrada por este medio. Con base en los cálculos preliminares, los bancos sumarían a sus ingresos, aproximadamente 900 millones de pesos mensuales. Cada mes se facturan 22 mil millones de pesos por la venta de combustible, y el cobro de una comisión promedio de 4 por ciento representaría ingresos mensuales por casi 900 millones de pesos.

“Evidentemente esta situación, podría provocar la negativa de instalar las terminales o, en su caso, darle la opción al cliente de utilizarlas o no, pero bajo la advertencia que el costo de comisiones tendrá que ser asumido por ellos”, dijo la legisladora.

La legisladora también recordó que bancos como INBURSA y BBVA Bancomer invertirán más de 20 millones de dólares para instalar sistemas y terminales bancarias en más de 300 carriles de las carreteras de mayor flujo comercial y las principales autopistas del país, con el objetivo de triplicar esta cifra. Así, se pretende eliminar el uso de efectivo en las casetas, reducir los robos de operadores, fomentar el uso de tarjetas bancarias y agilizar el trámite en los puntos de cobro. Las instituciones financieras aún analizan qué tipo de lector electrónico instalarán para el telepeaje, pues también les interesa incentivar el uso de las tarjetas bancarias con chip. Si bien, la legisladora reconoce que los costos serán menores ya que no habrá tantos cajeros ni será necesario recolectar diario el dinero también es cierto que se generará un gran desempleo en este sector. Además, indicó que las tarjetas en el pago de casetas también estarán a merced de la delincuencia organizada dedicada a clonar plásticos.

Sigue la guerra del cemento

Un comité de cementeras estadounidenses arremetió contra Cemex y aseguró que el gigante mexicano del cemento no debe verse beneficiado con la eliminación de las cuotas compensatorias que se aplican desde 1990 a sus exportaciones hacia Estados Unidos, luego de que en ese país desarrolladores de vivienda exigieron se eliminen las compensaciones anti dumping contra la empresa mexicana.

El llamado Southern Tier Cement Comitte, a través de su abogado Joe Dorn en Washington, emitió un comunicado en el que asegura que Cemex no tiene derecho en solicitar que se eliminen las cuotas compensatorias a sus exportaciones al sur de Estados Unidos mientras protege, al mismo tiempo, su mercado en México impidiendo la importación de cemento como sucedió recientemente con el barco Mary Nour y el proyecto de la empresa Comercio para el Desarrollo de México para participar en la venta de cemento a través de importaciones.

Dorn aseguró que en México se ejerce prácticamente un oligopolio que ha permitido a Cemex ejercer un poder de veto para que el gobierno federal impida el ingreso de importaciones de cemento.

Ejecutivos de Cemex dijeron que será entre septiembre y octubre cuando se concluya la revisión del proceso Sunset que analiza la situación del proceso dumping contra Cemex.

Mientras tanto, sus competidores aseguran que Cemex ha logrado fijar para su producción de cemento en México los precios más altos en un mercado con altos niveles de consumo per cápita.

Así, Cemex logra altos márgenes que utiliza para subsidiar las exportaciones hacia Estados Unidos. Mientras México impide la llegada de importaciones de Cemento, dice el Comité de Cementeras del Sur de Estados Unidos, ese país, asegura, es el más abierto del mundo en materia de materiales para la construcción con más de 26 millones de toneladas métricas en importaciones anuales que provienen de 30 países.

Por ello, a las cementeras estadounidenses les preocupa que algunos consumidores de cemento de regiones como Florida pidan que se levanten las cuotas compensatorias a Cemex para equilibrar la creciente demanda y los problemas de abasto que enfrentan por parte de proveedores asiáticos.

Lo cierto es que para los consumidores estadounidenses Cemex sigue siendo la mejor opción mientras sus competidores se rehúsan a aceptar que el gigante mexicano cuenta con tecnología de punta e inversiones millonarias para competir en uno de los mercados más grandes del mundo.

Azúcar amarga

Bajo la tesis de que la nueva Ley Cañera, aprobada por la Cámara de Diputados establecía nuevos privilegios que ya se habían eliminado al derogarse el Decreto Cañero, basado en precios sumamente altos para el azúcar que tendrían que pagar los consumidores y que ubicarían 2.5 veces más cara el azúcar que en el mercado internacional, el presidente Vicente Fox decidió vetarla.

El Secretario de Economía, Fernando Canales Clariond y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca argumentaron que la Ley Cañera aprobada el 21 de junio pasado, ponía en riesgo a los productores y a la planta laboral, y garantizaba a sólo dos organizaciones cañeras la preservación de sus privilegios como son las aportaciones directas que representan hasta 6.12 por ciento del valor de la caña. Además del manejo de gastos de cosecha por la organización, cuyo porcentaje es 17 por ciento del ingreso total del cañero y control de los recursos aportados por los cañeros a los fideicomisos para préstamos; control de créditos a tasas elevadas que van hasta el 12 por ciento mensual y sobre convenios de afiliación al IMSS de cañeros.

En cambio, para la Unión de Cañeros, la Ley de Desarrollo Sustentable de la caña de azúcar generaba una gran certidumbre y rentabilidad a la cadena productiva de esta industria, pues prometía diversificar los ingresos del sector a través de la producción de otros insumos como el etanol y hasta participación en proyectos de generación de energía eléctrica.

Carlos Blakcaller, líder de la Unión de Cañeros, dijo en entrevista que luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley se asegurarían 11 millones de empleos directos e indirectos que dependen de este sector.

El también legislador negó que esta legislación naciera con un sesgo monopólico ni que fortalezca a las actuales agrupaciones de cañeros a favor de algunos partidos, lo que se busca dijo es que las organizaciones de cañeros mejoren su productividad y que diversifique sus actividades.

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