El expediente NEGRO de Tyco en México

Tyco Internacional pasará a la historia como una de las principales empresas estadounidenses que junto con Enron, WorldCom, Xerox, QWest y Global Crossing, defraudaron la confianza de los inversionistas de los mercados de valores. En México, Tyco provocó además la desaparición de una decena de empresas mexicanas que atendían el mercado de las alarmas y sistemas de seguridad y que daban empleo a más de 15 mil personas.

En medio de esta historia aparece el jurista José María Abascal Zamora, presidente del Comité de Ética de la Barra Mexicana de Abogados, quien enfrentaría conflictos de interés en su intensa defensa del grupo estadounidense.

Ana Lilia Pérez

A tres años de que la prensa estadounidense diera a conocer el fraude por más de 600 millones de dólares realizado por los principales ejecutivos del grupo Tyco Internacional Ltd, L. Dennis Kozlowski, su ex presidente y Mark Swartz, responsable de la dirección de Finanzas, en el mercado mexicano aún se registran secuelas de las irregulares prácticas contables y fiscales que provocaron una serie de auditorías por parte de las autoridades tributarias de Estados Unidos así como una investigación de la Comisión de Valores de ese país.

Mientras en Estados Unidos Tyco enfrentó demandas civiles hasta por 3,000 millones de dólares, en los juzgados mexicanos un grupo de empresarios aún libra su propia batalla, pues a través de ADT, la empresa con la que Tyco se fusionó para crear la mayor empresa de servicios de sistemas de seguridad en América del Norte, el grupo estadounidense logró controlar entre 1999 y 2001 el mercado mexicano de alarmas. Sin embargo, los problemas contables y el manejo irregular que se realizaba desde las oficinas centrales de Tyco en las Islas Bermudas, también alcanzaron a las empresas mexicanas, las cuales confiaron en la multinacional para asociarse, venderle su cartera y actuar como sus representantes.

En Estados Unidos, Tyco busca cerrar este expediente negro que inhabilitó a prestigiados auditores como Richard Scalzo de Pricewaterhouse-Coopers, por violar la Ley de Valores de ese país. Por ello, Tyco renovó por completo su consejo de administración luego de que también se comprobó el delito de evasión fiscal en contra de su presidente. Ahora, con Edward D. Breen, un ejecutivo que llegó de las filas de Motorola, Tyco busca recuperar la confianza de los inversionistas y convertirse en la empresa número uno en el mercado de sistemas de seguridad y alarmas, uno de los principales negocios del grupo estadounidense que factura más de 40 mil millones de dólares. En México, en cambio, aún se escriben los capítulos de esta historia con nuevos protagonistas.

Incapaz Profeco frente a Tyco

El grupo estadounidense American District Telegraph (ADT), dedicado desde hace más de 130 años a ofrecer servicios de seguridad y que forma parte de las 500 empresas de Fortune, se ha ganado en México el galardón a la compañía privada más denunciada ante Profeco por los problemas en su servicio y cobros indebidos.

Estas denuncias son resultado del fraude a empresarios mexicanos, que ya un juez calificó como delito y dictó órdenes de aprehensión contra los principales directivo de Tyco en México – Philip Mover., presidente para América Latina de la firma y Patricio González, director para México; sin embargo, a través de su abogado José María Abascal la trasnacional contrademandó en tribunales de Florida.

Así, después de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía de alarmas ADT es la que más denuncias y quejas por incumplimientos y deficiencia en sus servicios acumula ante la Procuraduría Federal del Consumidor, según informes de la Profeco.

En mayo de 2004 el Procurador del Consumidor, Carlos Francisco Arce Macías, presentó un informe en el que incluyó a ADT Security Services entre las empresas con mayor número de quejas y denuncias por parte de los usuarios mexicanos. Según la Profeco, tan sólo durante el 2003 se reportaron alrededor de 2 mil casos de inconformidades en contra de ADT.

Las denuncias contra la trasnacional detonaron a partir del año 2002, a sólo dos años de que la empresa de origen estadounidense llegara al mercado mexicano. Durante ese periodo se presentaron 203 quejas, consideradas por el entonces Procurador del Consumidor, René Mendívil Acosta, como un reflejo del mal servicio.

“Si una misma empresa privada tiene muchas quejas, es lógico que algo anda mal en su servicio”, señaló Mendívil Acosta.

Sin embargo, al siguiente año, las quejas se dispararon hasta llegar a 1,997 tan sólo durante el 2003.

Para el 2004 en Profeco se abrieron 901 expedientes contra ADT, y en lo que va del 2005, el número asciende a 300 expedientes.

El director del Área de Quejas de Profeco, Juan de Santiago, refiere que la principal queja de los clientes inconformes con el servicio ADT ha sido la negativa de la empresa a cancelar contratos de servicios. El cobro indebido de servicios también aparece como otra inconformidad, pues la empresa se niega a cancelar aunque el cliente lo solicite. Así, ADT sigue cobrando mes con mes para acumular el pago en perjuicio del cliente y violando su propio contrato, el cual indica que el cliente puede cancelar el servicio en el momento que lo decida.

La tercera causa de denuncia ante la Profeco es el servicio deficiente, situación que se agrava, pues se trata de una compañía que presta servicios de seguridad y alarmas.

Juan de Santiago califica las quejas en contra de ADT como una situación “delicada” y asegura que en los procesos de conciliación con el consumidor, ADT incurre también en desacatos a los mandatos de autoridad; es decir, que muchas veces no se presenta al proceso de conciliación, por lo que se ha hecho acreedora “a medidas de apremio”.

Sin embargo, se trata de sanciones económicas mínimas para una empresa que en el mercado mexicano factura, en promedio, más de 100 millones de pesos mensuales. Hasta ahora, ADT acumula más de 3 mil 500 quejas.

Y aunque año con año aparece en la lista de las compañías más demandadas ante la Profeco, los clientes inconformes o defraudados no puede avanzar jurídicamente en contra de la empresa, pues el contrato de servicios es una de las principales causas de observaciones y reuniones de funcionarios de Profeco con representantes de la empresa.

La historia de ADT en México

La deficiencia en sus servicios no es la única irregularidad de la compañía estadounidense fundada hace más de 130 años, pues las fallas más graves se registran al interior de su corporativo que, para operar en territorio mexicano defraudó a las compañías mexicanas que manejaban el mercado de las alarmas antes de la expansión de ADT en México. Se trata de pequeñas empresas que brindaban empleo a unas 15 mil personas, y que actualmente enfrentan un juicio en tribunales de Estados Unidos.

A finales de 1998, la empresa de seguridad más grande de Estados Unidos, ADT Security Services se fusiona con Tyco Internacional que, en ese momento, era una corporación con sede en New Hampshire.

La razón de dicha fusión fue trasladar el capital de ambas empresas (estimado en 10 mil millones de dólares en cada caso) a un paraíso fiscal en Islas Bermudas para la exención de impuestos, pero además en la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones de Tyco tenían mucha más bursatilidad que las de ADT, lo que permitió que la nueva empresa, denominada Tyco International Limited (de la fusión de Tyco y ADT) se capitalizara hasta llegar a 25 mil millones de dólares.

El corporativo decide arrancar su operación en México, visualizando al mercado mexicano con un gran potencial al ofrecer servicios de alarmas y seguridad, dada la demanda de un país que registra los más altos niveles de inseguridad a nivel mundial. Además, desde México ADT proyectaba iniciar su expansión hacia toda América Latina.

Sin embargo, el mercado de la seguridad y alarmas en México estaba bajo el control de cuatro empresas mexicanas: Servicios Administrativos de Emergencia; FBI Alarmas, LDS y City Watch.

Para ingresar al mercado mexicano con una posición de liderazgo, el corporativo decidió establecer alianzas con los empresarios mexicanos y operar a través de un sistema similar al utilizado por la telefonía celular o la televisión por cable, es decir, crear una red de distribuidores pero bajo el control de ADT México, la nueva compañía que se formó para entrar al mercado nacional.

Entre junio y octubre de 1999, Jorge Hernández, ejecutivo de Tyco International, quien fue nombrado coordinador de distribuidores de ADT México, negoció con 20 empresas mexicanas la compra de su cartera de clientes, operación que se condicionó a que se convirtieran en distribuidores de ADT.

La operación se formalizó a través de un contrato diseñado por el reconocido abogado mercantil José María Abascal Zamora.

La nueva empresa arrancó en octubre de 1999, fecha que coincidía con el inicio del año fiscal de Tyco Internacional.

Para diciembre de 1999, en México el gigante de la seguridad tenía ya 110 distribuidores en México que, a su vez, contaban con 30 mil promotores. Los distribuidores de ADT habían generado a la empresa más de 250 mil clientes, con ingresos por alrededor de 100 millones de pesos mensuales, sin invertir ni en infraestructura, ni en campañas de publicidad ni en empleados, porque todos estos gastos los absorbía cada una de las empresas distribuidoras que, para esos momentos, operaban como representantes de una firma extranjera un mercado que antes atendían directamente.

Gracias a este tipo de operaciones que se hicieron extensivas a más de cien países, Tyco Internacional logró para 2001 un valor de capitalización en Wall Street cercano a los 100 mil millones de dólares.

El fraude de Tyco

Los problemas en ADT México, al igual que los que se presentaron en otras partes del mundo, iniciaron en enero de 2002, cuando la empresa presentó problemas de facturación y una ola de irregularidades en los cobros a sus clientes.

ADT comenzó con retrasos en el envío de facturación al cliente, lo que detonó una ola de cancelaciones de contratos. El contrato entre ADT y el distribuidor establecía que el representante entregaría un cargo a ADT, en caso de que el cliente no cumpliera con el pago. Así fue como los roces entre ADT y los distribuidores iniciaron cuando el distribuidor descubrió que el cliente no pagaba porque ADT no facturaba a tiempo y ADT sí hacía el cargo al distribuidor.

Ante dicho desorden, los contadores de ADT México crearon una cuenta concentradora para que en ella los clientes depositaran sus pagos, pero el problema fue que, en unos meses, ya se registraban depósitos por 3 millones de dólares sin saber quién había pagado y quién no. Eran miles de mensualidades sin orden.

Además para cobrar a cada cliente, cada mensualidad debía solicitarse a través de un recordatorio enviado mediante correo certificado (esto por disposición de Profeco), pero ADT nunca envió los recordatorios.

ADT no generó facturas y en su cuenta acumuladora ingresó el equivalente a 90 mil mensualidades sin saber a qué clientes pertenecían.

Los equipos de alarma eran propiedad de los distribuidores, no de ADT, así que cuando un cliente cancelaba el servicio, ADT debía informar al distribuidor para que éste recogiera su equipo, pero tampoco lo hizo y en cambio si descontaba al distribuidor la comisión que le correspondía por ese cliente.

Jorge Hernández, ex directivo de ADT México, encargado de la operación del corporativo en toda América Latina define todos estos hechos como un “fraude” de la filial de Tyco Internacional.

Aunque no fue un problema exclusivo de México, dice, en el país los contadores manejaron que de los 250 mil clientes que tenía ADT, el 20 por ciento, es decir, 40 mil clientes no habían pagado a la empresa, por lo que el presidente de Tyco Internacional decidió cargar el cobro a los distribuidores.

Jorge Hernández recuerda:

“Mi jefe directo era el presidente de Tyco Internacional, y con él tuve como 50 reuniones en Estados Unidos junto con los encargados del área financiera del corporativo, su postura era que los contadores decían que los distribuidores tenían que saldar esas cuentas, mi postura era que le estaban mintiendo porque no existía tal información”.

En una reunión que tuvo lugar en enero de 2002 –relata Jorge Hernández- “el vicepresidente de finanzas de Tyco me dijo “tú tienes que hacer lo que te ordena el que te paga, haz que los distribuidores reconozcan que les vamos a cobrar 40 millones de dólares, dije querido amigo creo que ya la película es muy clara, hay un conflicto de intereses enorme, y eso se llama fraude, así que allí la dejamos”.

El 15 de febrero de 2002 Jorge Hernández haría pública su renuncia y posteriormente se enteraría que el área financiera de ADT canceló el contrato con los distribuidores y además, para no tener complicaciones fiscales, dejaba los saldos a cero.

El otro engaño

Sorpresivamente, sin ninguna notificación previa, a través de una carta enviada a cada uno de los distribuidores, fechada el 2 de agosto de 2002 ADT notificó la terminación del contrato del “distribuidor autorizado” con el único argumento asentado en el documento que indica:

“por así convenir a nuestros intereses hemos decidió dar por terminado el contrato”.

A nombre de la trasnacional, la carta fue firmada por el ingeniero Patricio N. González, en su carácter de representante legal de ADT Security Services S.A de C.V justificando que “así convenía a sus intereses”.

La súbita ruptura entre la trasnacional y sus distribuidores es calificada por el ex directivo de ADT México como un fraude más de la empresa para encubrir el fraude de sus malos manejos financieros.

Jorge Hernández relata:

“A fin de cuentas la operación de ADT es un fraude montado sobre otro fraude, el primer fraude fue no cumplir con su obligación en el contrato, facturar a tiempo, cobrar al cliente y pagar al distribuidor y si no se pagaba, evidentemente informar al distribuidor y a los 90 días cancelar el servicio al cliente, porque así lo estipula el contrato, y allí hubiera acabado la historia”.

Pero la historia no terminó. En septiembre de 2002 los empresarios mexicanos demandaron a la trasnacional por fraude y abuso de confianza y es que luego de la arbitraria cancelación del contrato entre ADT y los distribuidores, la compañía no saldó los adeudos con los empresarios mexicanos y se adjudicó los 250 mil equipos –propiedad de los distribuidores- instalados en los domicilios de los clientes y siguió cobrando por un servicio ofrecido a través de quipos que no pertenecen a ADT sino a los distribuidores.

A raíz de la denuncia de los empresarios Raif Shahin Isaac, Gonzalo Quesada Suárez, David Calderón Isladas, Luis Montiel Vilchis y Horacio Cantú Díaz, un juez libró órdenes de aprehensión en contra del director de ADT en México, Patricio Napoleón González Villareal, contra el director de ADT para América Latina, Phil Mcvey.

Abascal Zamora, el abogado de Tyco

ADT, en respuesta a la denuncia penal contra sus funcionarios, contrató al jurista José María Abascal Zamora, quien como abogado de Tyco Internacional promovió juicio arbitral contra cada una de las empresas mexicanas que demandaron a ADT. Dichos juicios se promovieron ante la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), misma, donde Abascal Zamora se desempeña como Presidente de la Comisión de Arbitraje; es decir, en la misma área donde la Canaco nombra los peritos que intervienen en las indagatorias sobre conflictos empresariales, lo que lo convierte en juez y parte en este conflicto.

Las demandas arbitrales contra los empresarios mexicanos van de los 2.5 a los 5.5 millones de dólares por “incumplimiento de contrato”.

ADT demandó a las empresas y para dar entrada a sus alegatos, los empresarios mexicanos debían pagar a la CANACO sus cuotas por tramitación de su alegato por montos de un millón de pesos cada uno, pero como la operación de ADT los dejó en la quiebra, sin sus equipos y fuera del mercado, los empresarios no pudieron pagar la cuota, por lo que la CANACO únicamente recibió la documentación y argumentación de ADT a través de su abogado José María Abascal.

Los empresarios presentaron su denuncia ante tribunales del fuero común del Distrito Federal, abiertos actualmente. Paralelamente, presentaron una denuncia de tentativa de fraude contra el abogado José María Abascal Zamora, contra quien, el año pasado el juez 57 de los Penal en el Distrito federal, giró una orden de aprehensión.

A unos meses de que se girara la orden de aprehensión en su contra, el abogado, representante de México ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) cuenta la forma en que escapó de la justicia mexicana refugiándose en Estados Unidos:

”Trataron de aprehenderme una semana antes de que yo iniciara una sesión en las Naciones unidas, en la cual yo era presidente (de la sesión) nada más que como no pudieron aprehenderme yo llegué a la sesión”.

De ejecutarse la orden del juez mexicano, dice el abogado Abascal Zamora, “hubiera generado un problema para México y para el prestigio del país”.

Aunque el abogado José María Abascal se desempeña como asesor externo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y como presidente del Comité de Ética de la Barra Nacional de Abogados, para él, dice, no representa ningún conflicto ético ni moral ser abogado de ADT y presidente del Comité de Arbitraje de CANACO, en donde se llevan los juicios arbitrales de la empresa. Y es que fue este mismo abogado quien diseñó el contrato que obliga a los empresarios mexicanos a sujetarse al juicio arbitral donde él controla el proceso.

Chema, “El Tramposo”

En 1999, Tyco Internacional, a través de su ejecutivo Jorge Hernández Torres encomendó a uno de sus abogados, José María Abascal Zamora, el diseño del contrato que firmaría ADT de México con los “distribuidores autorizados”. En el contrato, Abascal Zamora incluyó una cláusula que precisaba que cualquier controversia entre las partes debía resolverse en un tribunal arbitral. La cláusula, dice Jorge Hernández, fue para que el conflicto lo pudiera frenar el mismo abogado antes de que pudiera trascender a instancias judiciales.

El ex directivo de ADT relata la oscura forma en que se diseñó el contrato:

“A Abascal yo lo contraté porque ya había hecho otros trabajos para Tyco por recomendación del presidente de Tyco International. Security a nivel mundial, entonces le hablé y le dije, -Oye Chema vamos a arrancar las operaciones en ADT en México, te doy copia del contrato de distribuidor de ADT que se usa en Inglaterra y Estados Unidos y copia del contrato de servicios de monitoreo para que los tomes como referencia.

Yo confié en Abascal porque él no es cualquier abogado, es una persona con una trayectoria muy conocida, pero me cobró miles y miles de dólares, no le puedo decir cuánto exactamente pero fueron miles de dólares por un contrato que se fusiló mal. El contrato que usa en México (ADT) es una mala copia, mal adaptada del de Estados Unidos”.

Además del contrato entre ADT y sus ex socios calificado por el ex directivo de ADT como “tramposo”, el mismo Jorge Hernández proporciona indicios claros que explican el número de quejas de los clientes de ADT ante la Profeco:

“El contrato de prestación de servicios es una verdadera aberración jurídica porque manda a arbitraje un servicio que cuesta 300 pesos al mes, o sea, así de estúpida es la cláusula”.

Con este contrato, diseñado por el jurista Abascal, tanto los ex distribuidores de ADT, como los consumidores de los servicios de la empresa de alarmas quedan jurídicamente indefensos, porque la misma Profeco reconoce que el contrato que maneja la trasnacional de alarmas es una de las principales irregularidades de una empresa que vende seguridad.

El ex ejecutivo de ADT declara contundente:

“Chema usa toda su influencia para defender a ADT, pertenece a la Barra (de abogados), fue compañero del Procurador de Justicia del DF, y en su oficina, cuando nos entregó el contrato que yo le pagué, me dijo a mi y a otro ex funcionario de Tyco que si hubiera una bronca en el futuro, ‘yo lo arreglo hombre, por el otro lado’”.

Aunque desde el año pasado un juez mexicano libró órdenes de aprehensión contra los funcionarios de Tyco y contra el abogado José María Abascal Carranza por fraude, ninguno está preso y, recientemente, como respuesta a las disposiciones judiciales mexicanas, y desdeñando las mismas, la trasnacional presentó ante tribunales de Florida, Estados Unidos juicios contra los empresarios mexicanos por incumplimiento de contrato.

Desde el año pasado, los ex distribuidores de ADT, Raif Shahin Isaac, Gonzalo Quesada Suárez, David Calderón islas, Luis Montiel Vilchis y Horacio Cantú Islas, han acudido a las comparecencias en Estados Unidos sin respaldo alguno por parte del gobierno federal ni asesoría tampoco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quedando indefensos frente a la trasnacional que en México obtiene a cuenta de los equipos de alarma de sus ex distribuidores millonarias ganancias mensualmente.

Aún mas, los empresarios defraudados por Tyco están siendo juzgados bajo la ley RICO (Ley de Prácticas Criminales), pues ADT argumenta que se organizaron para demandar a la empresa en México y este acto de organizarse constituye un acto de delincuencia organizada.

La demanda está integrada en el expediente número 04-23127 en el tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Sur de Florida, División West Palm Beach.

Gonzalo Quesada Suárez es uno de los cinco pequeños empresarios mexicanos que antes de la llegada de ADT a México manejaba los servicios de alarmas y seguridad. Dueño de la empresa FBI Alarmas, lamenta:

“ADT absorbió nuestras empresas, y antes de tres años nos canceló el contrato, nos dejó sin un quinto, sin empresa, sin nada, se quedó con el mercado, con nuestros equipos y nos demandó”.

Actualmente, según la Profeco, a cinco años de que ADT llegó a México, controla el 90 por ciento del mercado de los sistemas de seguridad, con prácticas como las anteriormente descritas.

Se buscó a los directivos de ADT para conocer su postura acerca de las irregularidades con las que operan en México, además de las acusaciones por fraude en su contra, y su vocero Omar Buendía, luego de conocer los temas a tratar señaló que desde Boca Ratón, Florida, Tyco no le autorizó hablar de asunto.

Sobre el proceso que se sigue en Estados Unidos contra los empresarios mexicanos, el abogado Abascal Zamora señala que éste podría durar varios años, “pero no es un asunto que me quite el sueño”, contrario a los empresarios mexicanos quebrados, demandados, defraudados y a sus 15 mil trabajadores que perdieron el empleo.

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