Reforma inconclusa a la Ley de Radio y TV

 Eduardo Ruiz Vega*

   La Ley Federal de Radio y Televisión, con más de cuatro décadas de existencia, es un ordenamiento que no se aplica, al menos en lo sustantivo.  Esta falta de aplicación, tal vez lógica, no puede ser justificada desde el punto de vista legal. La aplicación de la ley no puede ser optativa ya que, si así fuera, habría que cambiar la función básica del Poder Ejecutivo de la Federación que consiste, precisamente, en ejecutar las leyes.

No obstante que la falta de aplicabilidad de este ordenamiento es por todos reconocida y que durante años se han discutido múltiples propuestas para su reforma integral, como sociedad hemos sido incapaces de concretar un proyecto de iniciativa que pueda ser discutido con seriedad.

Las razones de esta parálisis legislativa son múltiples. Creo que la principal de ellas es la cerrazón y polarización de todas las posturas. Mientras los industriales pretenden continuar con las prerrogativas de hecho que gozan desde hace tiempo, los grupos contrarios a la industria mediática de la radio y la televisión exigen que esta actividad concesionada se lleve a cabo en condiciones que riñen con la viabilidad mercantil de las empresas que la desempeñan.

En medio de este escenario, se ubica el poder público que confunde los roles de regulador con el de anunciante u órgano propagandístico del partido político en el gobierno. No es del todo sorpresivo que el gobierno del "cambio" haya adoptado sin reservas las prácticas del régimen anterior en materia de comunicación y relación con los medios masivos.

¿Cómo destrabar, entonces, esta agenda? Tal vez el primer paso consistiría en realizar un ejercicio honesto para determinar las principales necesidades que motivarían una reforma.  Algunos temas que pueden encontrar campo para la discusión seria se ubican en las áreas de contenidos, desarrollo de medios públicos, comunicación gubernamental y cargas impositivas. Parecen temas desvinculados, no lo son.

En materia de contenidos queremos más calidad y menos violencia, más cultura y menos recursos de baja comicidad.  Si la televisión comercial cumple con esta receta durante todas sus transmisiones, triste es admitirlo, la audiencia se empezaría a reducir en forma acelerada.  Una alternativa equilibrada consistiría en definir con claridad las prohibiciones en materia de contenidos y aplicar con rigor las normas respectivas (protección a la salud, desarrollo de la niñez, etc.). El resto debería ser encomendado a una televisión y una radio que no dependa de los vaivenes del rating, que tenga recursos y presencia suficiente para construir una alternativa de televisión de calidad. Se necesita, entonces, encontrar la fórmula para promover el desarrollo de un sistema de medios públicos. Lo que hoy tenemos dista mucho de este objetivo.

¿En qué se relaciona la comunicación gubernamental con los temas anteriores? Primero, en que esa comunicación no aporta ningún valor en contenidos. Segundo, en que el spoteo de supuestos logros es muy costoso y esos recursos bien podrían ser utilizados en el desarrollo del sistema de medios públicos que hoy no existe.

La comunicación gubernamental, salvo contadas excepciones como las campañas de vacunación o de promoción de servicios con alto valor social, no reporta beneficio alguno a la acción de gobierno. Al contrario, muchas veces puede ocultar fallas en la actuación gubernamental, convirtiéndose así en un verdadero obstáculo a la rendición de cuentas. Esta forma de comunicación obsoleta se sigue practicando, pues tiene un valor propagandístico, especialmente útil en un país que siempre está bajo una lógica electoral. Sin embargo, es falso que esta comunicación sea barata o inclusive gratuita.

A diferencia del resto de los operadores que utilizan el aire o espectro radioeléctrico, como es el caso de las redes de telefonía celular, los sistemas de radio y televisión comercial no pagan en efectivo por el uso, aprovechamiento y explotación de este bien de la nación. Lo hacen en especie, en forma de espacios comerciales. Ahí podríamos encontrar el inicio de una reforma con sentido.

* El autor es miembro fundador del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y Coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho a la Información de la UIA.

www.idet.org.mx

edruiz@hklaw.com

Recibe en tu email un avance del contenido de nuestra revista. Haz clic aquí