César Castruita*

  El accidente del vuelo 706 de Aerocalifornia, ocurrido el pasado miércoles 21 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que dirige Enrique González, en el que afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas, ha puesto en evidencia carencias estratégicas en la terminal aérea. Esas deficiencias ponen en riesgo la vida de los más de 20 millones de usuarios anuales del aeropuerto capitalino.

Es más, en la comparecencia de fines de agosto de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Pedro Cerisola, ante los diputados de la Comisión de Transportes para explicar el accidente, salieron a relucir enormes fallas de seguridad aeroportuaria.

Gilberto López Meyer, director general de Aeronáutica Civil, atribuyó el accidente a las condiciones meteorológicas adversas, como ráfagas de viento cruzadas de baja altitud.

Resulta que el aeropuerto de la Ciudad de México no cuenta con algo tan básico como sistemas meteorológicos que permitan anticipar tormentas como la registrada el día del accidente. A la terminal aérea le hace falta un radar Doppler, así como un sistema de advertencia de ráfagas de viento de baja altitud, además de señalamientos luminosos y marcas en las pistas. La instalación de esos sistemas, que son de vital importancia, significa una inversión de unos 300 mil dólares.

Ineptitud impune

 De acuerdo con expertos consultados, para la inundación de las pistas de aterrizaje influyen varios aspectos hasta hoy no aclarados, como la adhesión de caucho de las llantas, cuyos residuos azolvan el drenaje de las pistas; la incorrecta renivelación que debe darse a las pistas por hundimientos de hasta 10 centímetros anuales ocasionados por el tipo de subsuelo donde antes era parte del lago de Texcoco, así como un drenaje insuficiente.

Ello refleja tres condiciones hasta ahora no expuestas ni mucho menos aclaradas por parte de la SCT y por las que la IATA podría haber protestado: Mantenimiento y renivelación incorrectos y drenaje antiguo.

Los expertos en infraestructura destacan que no es posible otorgar mayor atención a zonas del edificio terminal, que no resuelven los problemas de fondo del aeropuerto capitalino; es necesario concentrar esfuerzos en zonas operativas como pistas y plataformas, donde las aeronaves pudiesen incluso despachar rápidamente e incrementar su productividad, amén de mejorar el servicio al pasajero.

Las obras de ampliación del aeropuerto resultaron entonces onerosas. Las inversiones que hasta el momento ha realizado el gobierno federal han sido del orden de 145 millones de pesos, que sólo han ocasionado congestionamientos, retrasos e incomodidades al pasajero y que las puertas de acceso a la terminal hayan sido clausuradas.

Lo grave es que no hay calendarios oficiales para las seis distintas obras que se están realizando en el aeropuerto. Cerisola sólo ha mencionado que serán concluidas a fines de diciembre de este año, pero los plazos establecidos en las licitaciones públicas no fueron respetados y ni la Contraloría interna ni la Secretaría de la Función Pública han intervenido por esas violaciones a la normatividad en la obra pública.

El colmo es que para justificar retrasos en las obras argumentan que el edificio que están demoliendo a las afueras del aeropuerto tendría que ser desmontado pieza por pieza.

¿Acaso no sabían qué características tenía el aeropuerto tanto en el subsuelo como en su inventario de activos e inmuebles? Cualquier arquitecto, sin necesidad de haber sido director de facultad, tendría que haber partido de que primero deben realizarse estudios antes de empezar cualquier proyecto.

Lo peor es que se trata de un caso más de impunidad en el que nadie es sancionado.

Sin embargo las autoridades encabezadas por Ernesto Velasco, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, han preferido invertir en obras cosméticas, como la ampliación del edificio terminal, lo que en nada resuelve la problemática por sobrecongestionamiento del aeropuerto.

Esas obras suntuarias, que debían terminarse a principios de año, siguen con cierres de accesos al aeropuerto y de carriles en las vialidades adyacentes por profundas zanjas, lo que ha provocado un caos permanente en torno a la terminal, agravado en temporada vacacional.

Eso sí, el viernes 20 de agosto, seguramente con engaños, los funcionarios de la SCT, llevaron al presidente Vicente Fox, por primera vez en sus casi cuatro años de mandato al aeropuerto capitalino. Con mucha astucia, el presidente y su comitiva fueron llevados por áreas donde no se apreciaron los retrasos evidentes en las obras.

Remedio

 La baja competitividad de México en diversos ámbitos, que van desde los juegos olímpicos, hasta la educación y el entorno para la inversión productiva, tiene solución y se llama bono o cheque educativo.

La falta de liderazgo y la falta de coordinación entre las dependencias y las instancias de gobierno son las principales causas del fracaso de México.

En materia de competitividad, México tiene los últimos lugares. En cuanto a desempeño económico, eficiencia de gobierno, eficiencia de las empresas e infraestructura, México sale mal librado en los comparativos internacionales.

De acuerdo con el Anuario de Competitividad Mundial del 2004, México obtuvo una calificación de 43.2 que resulta reprobatoria, por abajo de países como Brasil, Colombia y Turquía, y ampliamente superada por naciones como China y Chile.

Además, México ha registrado una tendencia decreciente desde principios de la presente década. En el año 2000 el país obtuvo el lugar 33 en una muestra de 47 naciones. En la actualidad México ocupó la posición 56 de 60 países.

Con respecto al nivel educativo, México se encuentra en la posición 58 debido a que el número de alumnos por maestro es muy elevado y el sistema educativo no cumple con las necesidades de una economía competitiva.

Aunque el gasto de México en educación no es del deseable 8 por ciento del PIB, sino de la mitad, significa que el gobierno federal gasta al año por estudiante unos 14 mil pesos anuales, dinero que parece tirado a la basura dados los resultados evidentes.

Para eficientar el gasto en educación y mejorar el nivel educativo, darle competitividad al sector, existe una propuesta de parte de algunos integrantes del sector privado que se denomina bono o cheque educativo.

Ello consiste en que se otorgue a los padres de familia un documento que ampare el gasto anual en educación por hijo, por ejemplo los actuales 14 mil pesos, para que vaya a la escuela de su elección y ahí inscriba a sus niños.

De entrada, las escuelas, públicas y privadas, elevarían sus niveles de calidad con el fin de atraer al mayor número de alumnos.

El gobernante o legislador que haga suya la iniciativa ganaría algunos buenos puntos para su capital político.

*Columnista de La Crónica.

Email: cesar_castruita@yahoo.com.mx

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