Con más de 9 mil millones de pesos en deuda con el gobierno federal, los campesinos mexicanos han caído en cartera vencida y de acuerdo con la política económica foxista, son parte ya de la larga lista del Buró de Crédito que les impide ser sujetos de nuevos financiamientos para hacer producir sus tierras.

Erika Ramírez 

El campo mexicano ha caído en cartera vencida y enfrenta lo que para muchos es una deuda impagable: más de 50 mil créditos otorgados por diversos programas de capitalización al agro no han sido cubiertos por los deudores.

Por ese concepto, el pasivo para la banca de desarrollo social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alcanza los 9 mil 830 millones de pesos, concedidos a 52 mil sujetos de crédito desde 1994, por el Banco Nacional de Crédito Rural, actualmente en liquidación.

A pesar de la importancia del monto comprometido y, contra lo que sucede con el rescate bancario del Fobaproa-IPAB, para los campesinos no hay amnistía ni rescate gubernamental, más aún los campesinos más pobres ya encabezan la lista negra del Buró de Crédito, que les impide acceder a otros financiamientos.

Entre los miles de afectados por este problema crediticio se encuentra la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), que agremia a 320 mil campesinos y desde 1996 20 comunidades indígenas de la organización tienen una deuda aproximada de 30 millones de pesos.

Según cálculos de la propia organización, esas 20 comunidades indígenas campesinas están asentadas en Guerrero, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Sonora, las cuales han perdido más de 100 millones de pesos en la producción agropecuaria, debido principalmente a la falta de inversión durante casi una década.

Jaime Castillo Ulloa, responsable de la comisión ejecutiva de la UNORCA, señala que desde la crisis económica de 1994, el Poder Ejecutivo demostró el desdén que tiene por el campo mexicano. “Antepuso el interés de los banqueros, los rescató, sin embargo, para los campesinos e indígenas no hay ningún planteamiento concreto que facilite el pago”.

Aumento de intereses

Mientras que el gobierno federal destinó 153 mil 300 millones de pesos para el pago de intereses del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), durante el periodo de diciembre de 2000 a agosto de este año, según reporta la SHCP, los número rojos del campo aumentan.

De acuerdo con información de la banca de desarrollo, en diciembre de 2001 la cartera vencida de Banrural alcanzó 6 mil millones de pesos, que al cierre de agosto de este año se incrementó a 9 mil 830 millones de pesos.

La entidad señala que entre los cinco estados más comprometidos con el gobierno federal para el pago de cartera, se encuentran Sonora y Sinaloa, con el 15 por ciento de la deuda; Baja California Sur, 10 por ciento; Chihuahua, 6.5 por ciento, y Chiapas con 6 por ciento. Mientras que en el último sitio se encuentra Querétaro, con un adeudo crediticio del 0.5 por ciento.

El priista Rafael Galindo Jaime, presidente de la Comisión Especial Para el Campo de la Cámara de Diputados, advierte que aunque en el Acuerdo Nacional para el Campo se establecen las condiciones para solucionar la crisis crediticia por la que atraviesa el agro mexicano, el gobierno no ha cumplido con este objetivo.

“Existen 3.5 millones de campesinos, propietarios de 104 millones de hectáreas productivas, con problemas de cartera que no reciben crédito, por lo que estamos empantanados en una mecánica financiera muy compleja”, puntualiza.

Miriam Arabián Couttolenc, integrante de la comisión especial para el campo por el Partido Acción Nacional (PAN), dice que uno de los factores que ha provocado este conflicto es el otorgamiento “indiscriminado” de recursos bancarios que hubo en el régimen anterior.

La diputada panista señala que actualmente “la comisión pide que se capacite al campesino, se brinden apoyos en la elaboración de los proyectos y se acerquen más recursos del gobierno federal, para que exista un sistema de financiamiento realmente integrado al sector rural, de esta forma los campesinos evitarán que se pierda la parcela, la tierra o la finca.

“Se puede hablar de inyectar recursos, pero mientras no exista organización, capacitación, inversión en tecnología y políticas públicas de conservación de las tierras, el campo seguirá en crisis”, advierte Arabián Couttolenc.

De Banrural a Financiera Rural

La debacle económica que provocó el cierre del llamado “banco de apoyo al campo mexicano” se avecina nuevamente con la recién creada Financiera Rural, ahora debido a la falta de operatividad de la institución crediticia, señala el legislador priísta Rafael Galindo Jaime.

A un año de haber iniciado operaciones, “Financiera Rural ha trabajado bajo un esquema de garantías que no permite que el sector social reciba apoyos; exigen garantías hipotecarias o prendarias con las que no se cuenta”, dice el también líder de la Central Campesina Independiente, que aglutina a más de 6 millones campesinos.

“Además, durante este mismo periodo, la Financiera tuvo un subejercicio de 3 mil 500 millones de pesos, de los 16 mil millones asignados en el presupuesto de esta entidad”, puntualiza.

Sin embargo, Jaime González Aguadé, director general adjunto de Programas y Operación de la Financiera Rural, señala que “aunque ha sido un principio difícil, tortuoso, tanto productores como para nosotros, hoy podemos decir que se empieza a estabilizar la operación.

“Con una tasa promedio de 12 por ciento anual, la Financiera tiene colocados más de 100 mil créditos en todo el país, lo que representa un monto de 6 mil millones de pesos distribuidos en el sector rural”, explica el funcionario.

Pese a ello, la cartera vencida de esa institución comienza a crecer, pues para agosto de este año registró en números rojos más de 180 millones de pesos.

De acuerdo con documentos de la Financiera, los créditos que cayeron en cartera vencida se distribuye por sectores de la siguiente forma: agrícola, 91.7 por ciento; agrícola no básico, 0.2 por ciento; comercial, 0.8; ganadero, 4.5; industrial, 0.1; otros, 2.3, y servicios, 0.4 por ciento.

González Aguadé puntualiza que “hay muchas necesidades de capitalización en el medio rural; nosotros tenemos que preservar nuestro patrimonio, apegarnos a prácticas bancarias y evaluar los créditos, por lo que no podemos prestar dinero a proyectos que no sean rentables. Para las personas de escasos recursos, existen otros programas de gobierno que son de ayuda y apoyo directo, un crédito no es la forma de atender sus necesidades”.

Glosario crediticio

Entre las condiciones y las garantías que exige Financiera Rural para el otorgamiento de créditos se encuentran:

Crédito de avío: El acreditado deberá invertir el importe de crédito en la adquisición de materias primas y materiales, en el pago de jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de la empresa.

Garantía: Necesariamente prenda en primer lugar sobre los bienes adquiridos y/o producidos con el importe del crédito y sobre los frutos, productos o bienes pendientes o futuros pudiéndose pactar adicionalmente garantías personales o garantías hipotecarias o prendarias.

Crédito refaccionario: Financiamiento específico a mediano o largo plazos para la adquisición de maquinaria, equipo, unidades de transporte, ganado, construcción o adaptación de inmuebles, obras de infraestructura, etcétera.

Garantía: Necesariamente prenda en primer lugar sobre los bienes adquiridos y/o producidos con el importe del crédito y sobre los frutos, productos o bienes pendientes o futuros.

Crédito simple: para apoyar operaciones de acreditados dedicados a la producción de bienes, prestación de servicios y comercialización de bienes en el medio rural.

Garantía: en este tipo de crédito pueden ser personales (deudores solidarios o avales) o reales (hipotecarios).

Crédito prendario: se otorga con base en los certificados de depósito y bono de prenda emitidos por almacenes de concesión federal que se otorgan en garantía.

Garantía: Bienes certificados o garantías hipotecarias.

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