Frente a las críticas de analistas y calificadoras sobre la viabilidad de la compra de Cemex de la británica RMC, el vicepresidente de Finanzas y Planeación de la cementera regiomontana, Héctor Medina, asegura en entrevista con Fortuna, Negocios y Finanzas que dicha adquisición “no se presenta en un ambiente de inspiración o en un momento romántico sino bajo reglas muy claras y específicas”.

Aún más, dice que la nueva compra de Cemex cumple con los principios que la cementera multinacional ha seguido en cada una de sus adquisiciones concretadas en Estados Unidos, España, Venezuela, Egipto e Indonesia.

“Nosotros hacemos inversiones que hacen sentido, y lo hemos demostrado; seguimos un criterio muy estricto, lo que compramos tiene que ser mejorado a través de nuestro sistema de administración con retornos superiores al costo de capital y nunca debe desviarnos de nuestros objetivos de estructura financiera. Por eso, si hemos sido consistentes, queremos el crédito que nos da el récord de esa disciplina”, dice Medina.

El estratega financiero de Cemex agrega que la adquisición de RMC significa un avance en la integración vertical del grupo en mercados como Estados Unidos, porque además del crecimiento en flujo de efectivo, tomando en cuenta el potencial que tienen los países de Europa del Este en la medida en que se van integrando a la Unión Europea, por su posición geográfica la compra de RMC, mejora la estabilidad de sus ingresos.

SHCP: ¿juez y parte?

Con un ajuste de 3.8 por ciento a su presupuesto para el 2005, que se ubicaría en 783 mil 589 millones de pesos, el Tribunal Fiscal de la Federación tiene que hacer frente a un incremento de 6.3 por ciento en el número de demandas de contribuyentes inconformes con las resoluciones de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, a pesar de que hasta agosto pasado el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa recibió 95 mil 81 demandas contra las 89 mil 383 registradas al término de 2003, no se ha creado una nueva sala, por lo que actualmente un contribuyente inconforme tarda de dos a tres meses para que el tribunal le admita una demanda, de acuerdo con la legisladora Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Por ello, la diputada del PRD impulsa una iniciativa que adicionaría la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que le otorgaría autonomía presupuestaria para hacer frente al incremento en el número de demandas de los contribuyentes.

De esta forma, aseguró la legisladora, será la Cámara de Diputados la que analice y apruebe el presupuesto para el tribunal y no como actualmente lo hace la Secretaría de Hacienda, parte interesada en los conflictos con los contribuyentes y que, por lo tanto, merma su autonomía y decisiones.

Al controlar el presupuesto del Tribunal Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incurre en un conflicto de interés al aparecer como una parte interesada en los demandas e impugnaciones que inician en su contra los contribuyentes, concluyó la legisladora.

Papelito habla

Para evitar que los consumidores de servicios telefónicos, bancarios y de seguros sigan padeciendo el abuso con cobros indebidos, 155 legisladores apoyan modificaciones a los artículos 78 y 80 del Código de Comercio.

En un proyecto de reformas a esos artículos, el diputado Francisco Luis Monárrez, secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, aseguró que Teléfonos de México se ha convertido en una de las empresas con mayor número de quejas por cobros indebidos en servicios de telefonía básica y celular, pero sobre todo en nuevos productos como el buzón y las llamadas en espera.

Hasta ahora, para proporcionar esos servicios, dijo el legislador, Telmex no necesita un contrato con la firma del cliente que avale la aceptación del cobro. Las modificaciones al Código de Comercio hará obligatoria la firma del cliente.

GBM, también a la vivienda

El auge en el sector de la vivienda acelera la participación de nuevos jugadores y la coinversión entre empresas nacionales y extranjeras, como la estadounidense Mexico Home Capital que busca capitalizar la expansión de este sector.

Mexico Home Capital, empresa de bienes raíces fundada en Chicago, firmó una coinversión con el Grupo Bursátil Mexicano (GBM), con el propósito de atraer capital de inversionistas institucionales (fondos de pensiones) de Estados Unidos, interesados en detonar proyectos hipotecarios a los que podrían destinarse entre 20 y 100 millones de dólares.

Los mecanismos para dirigir estas inversiones, de acuerdo con Mexico Home Capital, empresa que en la década de los noventas adquirió los activos y la cartera del Consorcio Inmobiliario Coplac, serán las Sofoles e inversiones a través del mercado de valores en empresas públicas que ya participan en ese sector. La empresa cuenta con experiencia en el financiamiento de 30 mil viviendas y participación en el desarrollo del sector hipotecario para la industria maquiladora.

El director de Mexico Home Capital, Carlos Valenzuela, asegura que se trata de la primera iniciativa para dirigir capitales de inversionistas institucionales al desarrollo de vivienda, en especifico para el segmento de bajos ingresos, el cual ofrece grandes oportunidades para la inversión extranjera al registrar altas tasas de rendimiento para los fondos de pensiones.

Con una demanda de 750 mil unidades por año, Mexico Home Capital estima que la oferta no supera las 250 mil casas, por lo que el déficit, estimado en más de 5 millones de unidades, no se resolverá en el corto plazo.

Ferrocarriles: problemas sobre rieles

Autoridades estatales y municipales en todo el país solicitan la revisión de las concesiones de las rutas de ferrocarril privatizadas hace nueve años, pues consideran que incumplen con sus compromisos de inversión y seguridad.

En junio del 2001, el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua y Ferrocarriles de México (Ferromex) firmaron un convenio que establecía que iba a circular por la ciudad solamente de noche y el cruce no debía exceder de 15 minutos. Sin embargo, a tres años el acuerdo dejó de cumplirse.

Mientras tanto, operado por la empresa estadounidense Genesse&Wyoming, el ferrocarril Chiapas-Mayab, que comunica al sureste con el golfo del país, enfrenta una severa revisión de sus operaciones luego de que el gobierno de Chiapas considera que se estarían violando los términos de la concesión.

De acuerdo con funcionarios chiapanecos, el ferrocarril Chiapas-Mayab, cuya propiedad extranjera en un 100 por ciento fue autorizada en 1999 por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, estaría siendo utilizado para el tráfico ilegal de personas, principalmente de origen centroamericano que buscan ingresar a Estados Unidos.

La Procuraduría de Justicia de Chiapas ya aseguró varios furgones e inició la investigación para determinar si algunos de los empleados que operan el ferrocarril se encuentran coludidos con el tráfico de indocumentados.

Las autoridades judiciales de Chiapas también solicitaron a la empresa Genesse&Wyoming que asuma su obligación de cumplir la seguridad en el ferrocarril como lo estipula el título de concesión. Sin embargo, la entidad asegura que los accionistas del Chiapas-Mayab se han negado a mejorar la vigilancia.

El Chiapas-Mayab cuenta con 2 mil 020 kilómetros de vías principales que conectan importantes centros de transporte de Mérida y Coatzacoalcos y a través de la costa del Golfo de México con Ixtepec, Tapachula y en la costa del Pacífico de Ciudad Hidalgo (Guatemala).

Funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chiapas aseguran haber notificado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las irregularidades encontradas en la operación del Ferrocarril Chiapas-Mayab y están a la espera de la intervención federal, pues de lo contrario continuarán con el aseguramiento de furgones afectando el transporte de productos como cemento, maíz, arroz, azúcar, gasolina, diesel y propano, así como algunas de las operaciones de Ferrosur.

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