La reconstrucción de Pemex

El nuevo régimen fiscal de Pemex podría llegar demasiado tarde. La paraestatal necesita cirugía mayor en sus finanzas, pero sobre todo un gobierno corporativo que mejore la transparencia y la rendición de cuentas.

Claudia Villegas

Pemex se está quedando solo.

En una verdadera paradoja empresarial, la empresa más importante del país, el gigante de las paraestatales en América Latina, pierde la batalla de la productividad y la modernización.

Además, la ausencia de una reforma fiscal integral para la economía nacional ha impedido que reciba los recursos necesarios para acelerar las estrategias de exploración y producción de nuevos yacimientos petroleros.

La historia de tragedias que envuelven a Pemex también se ha visto fortalecida por la batalla que libran los gobiernos estatales contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el reparto de los excedentes del precio del petróleo, pues la “gallina de los huevos de oro” se ha convertido en un jugador sin voz ni voto.

Así, durante los últimos cuatro años, con recursos por más de 170 mil millones de pesos, el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP) se ha utilizado en financiar, por un parte, el déficit fiscal del gobierno federal y también para impulsar el prepago de deuda y en menor medida para fortalecer las finanzas de Pemex, así como su infraestructura.

De hecho, la paraestatal aún espera que su consejo de administración, en el que participan los principales funcionarios del gabinete económico, decida si se autoriza o no la capitalización de Pemex con recursos por 17 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda transferiría a las arcas de la paraestatal del Fondo de Estabilización.

Poco y tarde

El pasado 30 de septiembre Pemex recibió de la Secretaría de Hacienda sólo 12 mil 500 millones de pesos por concepto del reembolso del aprovechamiento para obras de infraestructura en materia de explotación, gas, refinación y petroquímica.

El ingreso de dichos recursos se registró en una cuenta por pagar pendiente de capitalizar en otros pasivos de corto plazo, de acuerdo con la paraestatal.

El Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, creado para equilibrar las finanzas del país en el caso de variaciones bruscas en el precio de la mezcla mexicana, se ha empleado en otros fines.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su más reciente reporte sobre la economía mexicana (agosto de 2004) revisó la evolución y el impacto del FEIP ante las modificaciones aplicadas por la SHCP a sus reglas de operación en marzo del 2002, las cuales permiten que los excedentes por venta de petróleo no sólo se apliquen a compensar movimientos volátiles en el precio del hidrocarburo sino cualquier disminución en la recaudación del gobierno federal derivada de menores ingresos por exportación de petróleo.

El FMI destacó, de hecho, que los recursos de este fondo se han utilizado para compensar las caídas en ingresos de otras fuente, sobretodo las tributarias, desviando el objetivo del fondo.

Los números

Fue en el año 2000 cuando se acumularon recursos por 52 mil millones de pesos acumulados por ingresos extraordinarios del petróleo, señala el organismo multilateral y sólo 9 mil millones se transfirieron al FEIP.

En 2002, más de 14 mil millones de pesos se dirigieron a compensar la caída en la recaudación fiscal y en 2003 de los 47 mil millones de pesos generados sólo 3 mil 500 se dirigieron al fondo.

Por ello, a pesar del auge en los precios del petróleo desde que estalló el conflicto en Afganistán y la invasión a Irak, las cargas tributarias superiores al 60 por ciento que aquejan a Pemex, han provocado que la paraestatal registre una pérdida neta por 14 mil 577 millones de pesos, a pesar de que sus ventas aumentaron más de 15 por ciento con una utilidad operativa de 328 mil millones de pesos.

Evolución de las reservas 1938-2002

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La deuda de Pemex ahora suma más de 60 mil millones de dólares mientras sus reservas de petróleo probadas sólo se reconocen en 14 mil millones de barriles.

Miguel García, analista de la UNAM y especialista en el mercado petrolero, aseguró que con el nivel de reservas probables del país la inversión extranjera en exploración no debería condenarse. Sin embargo, se debe establecer un régimen adecuado para evitar que se depreden los recursos de la nación sin obtener utilidades para Pemex y el país.

La situación de Pemex es tan grave que el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Francisco Salazar, dice que los legisladores y funcionarios del gobierno federal debería estar conscientes de que con el nivel de pasivos que ostenta Pemex, la paraestatal podría estar en manos de sus acreedores, a pesar de que su utilidad operativa por casi 30 mil millones de dólares revela que se trata de una empresa rentable pero con una gran fuga hacia el erario.

Por ahora, José Coballasi, analista de la calificadora de riesgo Standard&Poor´s, consideró que la generación de flujo de efectivo de Pemex sigue siendo positivo, más de 2 mil 500 millones de dólares, lo que deja tranquilos a los inversionistas de los mercados de bonos, pues saben que se trata de una compañía cuya deuda es un pasivo público, que bajo cualquier circunstancia contaría con el respaldo del gobierno federal.

En tanto, el analista Rafael Camarena del Grupo Santander Serfin reiteró la necesidad de contar con una reforma fiscal de fondo, pues Pemex y los ingresos excedentes por el precio del petróleo, seguirán financiado las finanzas públicas.

De hecho, el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para el llamado nuevo régimen de hidrocarburos reconoce que de aprobarse en la Cámara de Senadores este esquema de derechos diferenciados para Pemex, el próximo gobierno federal tendría que ajustar durante tres años las finanzas públicas hasta en 100 mil millones de pesos y reducir en 13 mil 800 los ingresos para las entidades federativas.

Caos corporativo

Hace un año, en los documentos elaborados para respaldar su ingreso al mercado de valores, Pemex reconoció la falta de transparencia y credibilidad de su proceso de administración.

También argumentó que aunque su presupuesto es parte del sistema de cuentas del gobierno federal, exhibe un sistema de auditoria ineficiente. De la misma forma, su régimen actual le impone severas restricciones para concretar alianzas estratégicas, situación que la ha llevado buscar complejas fórmulas como los contratos de servicios múltiples y los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

En otras palabras, sin autonomía de gestión, Pemex padece no sólo la ausencia de recursos sino también la embestida de los partidos de oposición que han impugnado la creatividad con la que Pemex ha buscado resolver sus limitaciones para acelerar las inversiones en nuevos proyectos.

Mientras los contratos de servicios múltiples son cuestionados ante el Poder Judicial se busca que los Pidiregas se frenen y se reconozcan como deuda pública.

En el mundo real y más allá de las teorías de un buen gobierno corporativo, Pemex no sólo debe introducir mejores prácticas sino resolver el esquema que le permitirá mantenerse entre las primeras petroleras del mundo, pero con eficiencia, rentabilidad y transparencia.

Paradójicamente, la reestructuración de su gobierno corporativo aún espera y sólo la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley acelera la participación de consejeros independientes en su administración, así como la operación de un comité de auditoría.

Alejandro Castañeda, investigador de El Colegio de México, indicó que si bien el cambio en el régimen fiscal de Pemex es importante, pues su actual contribución a las finanzas públicas ahoga a la paraestatal, sin autonomía de gestión y sin la reconfiguración de su gobierno corporativo no se resolverán los problemas estructurales.

Pemex, dijo, no tiene incentivos para la eficiencia, pues se trata de una empresa paraestatal que, como ya sucedió, al enfrentar problemas de corrupción, sindicales o financieros, siempre contará con el respaldo del gobierno federal.

Por ello, indicó, la paraestatal no está sujeta al castigo de los mercados financieros cuando presenta eventos que deberían perjudicar su imagen y perspectiva ante los inversionistas. Este, indicó, es el caso de los Pidiregas cuya deuda no debía de ser autorizada sino se demuestra la rentabilidad de los proyectos. Sin embargo, hasta ahora se han pagado puntualmente todos los proyectos.

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