Francisco Gil Díaz vs Carlos Slim Helú

La historia de la confrontación de Francisco Gil Díaz, desde su época de subsecretario de Ingresos, contra el magnate Carlos Slim es larga y aunque no logró probar la supuesta defraudación fiscal del Grupo Carso, la última palabra no está dicha.

Miguel Badillo

En la experiencia mexicana un buen empresario es un mal político. Y los ejemplos sobran, sobre todo en el gobierno del cambio, en donde el mismo Vicente Fox fue un exitoso ejecutivo de Coca Cola y como presidente el país se le ha ido de las manos. Si hablamos de los muchos empresarios que Fox incorporó a su gabinete, pues la regla está confirmada. En ese sentido, el empresario Carlos Slim ha reiterado, a cuanto foro es invitado, que no le interesa aspirar a la Presidencia de la República y tampoco algún otro cargo público.

Pero los analistas insisten en posicionarlo en un lugar privilegiado como un posible contendiente a la Presidencia, debido sobre todo a la enorme fortuna que ha acumulado en sólo tres sexenios y a sus apariciones constantes en los últimos meses al lado de prominentes hombres de la política, tanto gobernantes como legisladores, magistrados y políticos de oficio, lo que hace creer a algunos que este magnate de telefonía podría ser un candidato distinto y con capacidad para conciliar intereses de los diversos grupos de derecha, del centro y de izquierda.

Esta presencia constante en actos públicos y sus declaraciones críticas sobre los modelos económico y político, lo han convertido también en un respetado líder de opinión y un hombre que atrae el interés para las tres principales fuerzas políticas: PAN, PRD y PRI.

Algunos de los temas sobre los que se ha manifestado el presidente fundador del Grupo Carso son el estancamiento de la economía, la ausencia de inversiones en sectores productivos, el exacerbado y obsesivo control de la inflación, aun a costa de la pérdida de empleos, y la proliferación de gobiernos populistas, así como la obsolescencia de los compromisos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Primer round

Hasta ahora Vicente Fox y recientemente Andrés Manuel López Obrador han sido, aparentemente, los destinatarios de algunas críticas del magnate mexicano; sin embargo, para desilusión de los analistas de la política, no se trata de mensajes encriptados, pues aunque ha quedado claro que a Slim no le interesa convertirse en el candidato de algún partido político con miras a las elecciones del 2006, en cambio sus críticas sí tienen un claro destinatario: el principal promotor de las políticas de libre mercado y la apertura al capital extranjero de sectores estratégicos como la telefonía.

Así, ésta es la historia de un enfrentamiento anunciado entre el empresario Carlos Slim y el secretario Francisco Gil Díaz.

Fue durante su gestión como subsecretario de Ingresos cuando Gil Díaz se decidió a terminar con los privilegios que mantenía la industria cigarrera a través de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y, en especial, con la tasa cero para la exportación de cigarros.

En 1991, Gil Díaz impulsó las modificaciones a la legislación para impedir que la Secretaría de Hacienda siguiera devolviendo los impuestos correspondientes a exportadores de cigarros. En ese momento, Carlos Slim a través del Grupo Carso era el principal accionista de Cigarrera Tabacalera Mexicana (Cigatam), mientras que Alfonso Romo del Grupo Pulsar controlaba Cigarrera La Moderna.

Ambos empresarios decidieron en esa década abandonar el negocio cigarrero, mientras algunas compañías importadoras mantienen hasta ahora una batalla legal en contra de la decisión de Gil Díaz.

Este fue el primer round de una pelea callejera, con la única limitante del tiempo hasta que alguno de los dos pesos pesados caiga derrotado y no se pueda levantar más.

Segundo round

Enemigo de las apreciaciones intempestivas del tipo de cambio, Gil Díaz se autodesterró a la iniciativa privada después de la devaluación de 1994 ante la imposibilidad de llegar al Banco de México. Pero su transición de la burocracia oficial al sector privado fue muy clara, lo hizo a una de las empresas controladas por dos de los neobanqueros beneficiados por la privatización del sector crediticio: Alfredo Harp y Roberto Hernández.

Y aunque Gil Díaz no llegó a Banamex porque se lo impedía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dada la información confidencial que manejaba, su empleo como director general de la telefónica Avantel le permitió salvar los obstáculos legales y convertirse en asesor de cabecera de Hernández y Harp Helú.

Antes de abandonar la Subsecretaría de Ingresos bajo el mando del entonces secretario Pedro Aspe Armella, aquel funcionario que clasificó a los millones de mexicanos pobres como un mito genial, Gil Díaz, el responsable de reducir de 15 a 10 por ciento la tasa de IVA, inició una investigación tributaria en contra de Slim y del Grupo Carso, que disfrazó de una campaña en contra de la evasión fiscal.

Así, el Grupo Carso (conglomerado de 142 empresas integradas fiscalmente), propiedad de Carlos Slim y de sus hijos Marco Antonio y Carlos Slim Domit, estuvo sometido durante 10 años a una intensa investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, al considerar que había cometido un cuantioso fraude fiscal por cerca de 300 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda, las auditorías aplicadas al Grupo Carso duraron 4 años y 8 meses, tiempo en el que se revisaron los ejercicios correspondientes a 1995 y el periodo del 1 de enero al 1 de agosto de 1996.

De las 142 empresas del Grupo Carso, la Secretaría de Hacienda concluyó con base en papeles de trabajo oficiales, que hubo cruces de información, por lo que a dos empresas les hicieron observaciones, hechos que conoció ese grupo empresarial.

Expediente fiscal RIM/940031/96

Así, en los últimos 10 años la familia Slim enfrentó la más dura investigación fiscal que haya vivido el Grupo Carso y cuyo expediente RIM/940031/96 fue consignado a la Procuraduría Fiscal Federal bajo acusaciones por delito de defraudación fiscal, al considerar Gil Díaz que la familia Slim a través de sus empresas habían “simulado uno o más actos o contratos, obteniendo un beneficio en perjuicio del fisco federal”.

Clasificado con el giro “compra-venta de acciones”, el Grupo Carso (RFC: GCA9005241G1) mantuvo créditos fiscales por 291.7 millones de pesos, correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta más recargos y actualizaciones, así como por 6.1 millones de pesos por el Impuesto Histórico.

De acuerdo con el informe de Resultados de Evaluación para Detección de Casos que Caen en los Supuestos de Delitos Fiscales, la investigación estuvo a cargo de los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Alejandro Vázquez Téllez, administrador central; Laura C. Rodríguez y Sánchez, subadministradora; Felipe Orlando Solís Ramos, jefe de departamento; María Rosa Velásquez Moya, coordinadora, y Ana Berta Jiménez Lovera, subadministradora, y la resolución fue firmada por el administrador general de Auditoría Fiscal Federal, Roberto Álvarez Argüelles, según la circular número 47 del 23 de enero de 2001, en donde establecía que el monto mínimo del perjuicio al fisco federal era por un millón 600 mil pesos.

Sin embargo, en dicha investigación realizada por el SAT y consignada ante la Procuraduría Fiscal Federal, entidad que integró el expediente y lo envió a la Procuraduría General de la República, intervino directamente el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien se negó a proceder en contra del Grupo Carso, al considerar que el expediente no tenía la documentación suficiente que acreditara la promoción del asunto como defraudación fiscal, por lo que el caso fue prescrito el 30 de marzo del 2004 y la familia Slim quedó a salvo.

En el expediente fiscal abierto contra el Grupo Carso, elaborado por la Administración de Revisión de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, se explican las causas de la investigación que a continuación reproducimos: “con relación al Impuesto Sobre la Renta, la contribuyente disminuyó del resultado fiscal consolidando pérdidas fiscales del ejercicio 1995 de las empresas controladas, por la cantidad de mil 231 millones 284 mil 991 pesos, importe que tiene integrada una actualización indebida por 132 millones 315 mil 879 pesos; así como también realizó en exceso deducción por la participación de los trabajadores en las utilidades de Cigarros La Tabacalera Mexicana (empresa controlada por Grupo Carso), por 13 millones 713 mil 639 pesos, el cual se determinó a través de la revisión de gabinete por el ejercicio 1995 y que se le dio a conocer a través de la Ultima Carta Parcial del 12/02/2001 y Acta Final del 10/04/2001 a Grupo Carso, arrojando un impuesto a cargo de 49 millones 650 mil 36 pesos”.

Este expediente integrado en la Administración General de Evaluación para Grandes Contribuyentes, explica que Grupo Carso presentó declaración anual normal el 30 de abril de 1996, una complementaria por dictamen el 30 de septiembre del mismo año y tres complementarias más por el 29 de abril de 1997, 30 de noviembre de 1998 y 30 de marzo de 1999, todo correspondiente al ejercicio de 1995.

Respecto al activo, Hacienda sostenía que el Grupo Carso no había declarado un valor del activo consolidado por 57 millones 919 mil 980 pesos, derivado de la adquisición de inventarios y activos fijos de negocios en marcha, por la empresa controlada Promotora Musical, determinándose un impuesto a cargo del Grupo Carso por un millón 42 mil 560 pesos.

Respecto al dictamen entre el resultado contable y fiscal para efectos del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1996, las pérdidas fiscales de cada una de sus controladas por un importe total de mil 98 millones 969 mil 112 pesos, sin que se integre el monto que refleja la declaración anual del Grupo Carso en declaración complementaria por dictamen por la cantidad de mil 231 millones 413 mil 544 pesos sin emitir opinión al respecto.

Tercer round

El nuevo objetivo de los golpes de Gil Díaz contra el Grupo Carso es Teléfonos de México, la empresa privatizada durante la administración de Carlos Salinas de Gortari y que a pesar de la apertura en el mercado de larga distancia, acumula millonarias utilidades, por lo que el secretario de Hacienda se dio a la tarea de demostrar que Telmex cobraba sobreprecios a los usuarios mexicanos y que su éxito en el mercado de valores de Nueva York era resultado de los jugosos dividendos que otorgaba a costa de depredar los bolsillos de las clases populares en México y de impedir la competencia de las telefónicas extranjeras –entre ellas MCI dueña en parte de Avantel— que buscaban competir en el mercado nacional de larga distancia.

Por ello la guerra de las telefónicas enarbolada por Gil Díaz lo llevó incluso a que a través de resoluciones judiciales se realizaran escandalosas diligencias en las oficinas del propio Telmex, para tener acceso a información contable de la telefónica.

Así, según los jueces el segundo round lo ganó Carlos Slim después de que el secretario de Hacienda no logró que se condenara a las empresas del Grupo Carso por evasión fiscal, pero ahora desde su trinchera en el sector privado, Avantel, Gil Díaz ha iniciado una nueva estrategia en el ataque del tercer round en contra del empresario modelo.

Recibe en tu email un avance del contenido de nuestra revista. Haz clic aquí