Impuestos, la guerra del contribuyente

Más allá de procuradurías y de la gestión del ombusdman en defensa del contribuyente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha convertido en el último resquisicio de la defensa de los contribuyentes contra un sistema tributario que aún consideran injusto. Sin embargo, la dependencia que mantiene de la Secretaría de Hacienda provoca que se considere que en esta instancia aún se padece un conflicto de interés.

Zósimo Camacho

La autonomía presupuestaria del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que impulsa en la Cámara de Diputados la secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, no sólo garantizaría la imparcialidad del órgano de justicia, sino la eficacia administrativa.

Con un presupuesto determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el TFJFA debió hacer frente, aproximadamente, a 100 mil demandas de contribuyentes contra la propia SHCP durante este año, lo que implicó un crecimiento de más del seis por ciento en relación con las inconformidades del año pasado; sin embargo, la Secretaría propuso un ajuste al presupuesto del Tribunal del 3.8 por ciento a la baja.

Y es que el TFJFA no puede delinear su propio presupuesto ni cabildearlo en la Cámara de Diputados. La SHCP es la que se encarga de establecer el monto del ejercicio anual del Tribunal lo que, a decir de la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), podría servir a la Secretaría de Hacienda para presionar y orientar los fallos del TFJFA.

Los recursos otorgados al Tribunal han sido insuficientes y el rezago administrativo ya ocasiona que el contribuyente deba esperar hasta tres meses para que su demanda sea admitida. El presupuesto para el TFJFA propuesto por la SHCP para 2005 fue de apenas 897 millones de pesos.

De acuerdo con el doctor Herber Bettinger, socio director del área jurídica de Mancera Ernst & Yung y coordinador de la división de Impuestos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), “la propuesta es positiva y sería un acierto dotar al Tribunal Fiscal de autonomía presupuestaria”.

De acuerdo con el también Premio Nacional de Administración Pública 1986, “de tener la libertad de proponer su propio presupuesto y, en su caso, de ejercerlo con las limitantes que se le determinen, el Tribunal obtendría fuerza e imagen de absoluta independencia. La propuesta sería aceptada y vista con muy buenos ojos.”

Aunque Bettinger asegura que el TFJFA se ha conducido con honestidad e imparcialidad, reconoce que, al depender económicamente de la Secretaría de Hacienda, contribuyentes y litigantes consideran que existe “cierta obligación de dependencia de criterio al emitir sus resoluciones y que no puede ser imparcial por la injerencia económica tan fuerte de parte de la Secretaría de Hacienda”.

Según el especialista financiero Mario Di Constanzo, asesor del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, la iniciativa de Diana Bernal es “bastante acertada, pues no podemos hacer depender presupuestalmente de la Secretaría de Hacienda a un Tribunal que falla a la propia Secretaría.

“Hay juicios muy importantes, sobre todo en materia fiscal, en donde, para tranquilidad de conciencia e imparcialidad de este Tribunal, lo más lógico es que no dependa presupuestalmente del organismo contra quien, entre comillas, pelea. El Tribunal es, finalmente, quien decide si las personas que han interpuesto algún recurso para defenderse de la autoridad tienen la razón.

“De aprobarse la iniciativa, las decisiones del Tribunal no podrán estar amenazadas con la reducción del presupuesto en caso de que falle contra la Secretaría de Hacienda.”

Para Arturo Sánchez, especialista en Fiscal de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, la SHCP no tiene injerencia alguna en las decisiones del TFJFA. Sin embargo, “sería positivo que el Tribunal diseñara su propio presupuesto, pues podría ejercer una mejor labor administrativa en el reparto de la justicia”.

El autor de Estrategias Financieras de los Impuestos considera que independientemente de quien autorice el presupuesto del Tribunal, no es recomendable que se recorte el monto de los recursos “porque eso sí afectaría su labor”.

En este sentido, el doctor Herber Bettinger señala que el incremento del trabajo del Tribunal requiere de un mayor presupuesto. “No hay que perder de vista que en sus inicios el Tribunal tuvo competencia sólo en algunos renglones de la justicia administrativa; pero esos renglones se han ampliado. Cada vez tiene más materias con la misma estructura”.

Celebra que el TFJFA haya crecido y su regionalización prácticamente se haya completado, pero no puede soslayarse que faltan salas y en algunas, como en la metropolitana del Distrito Federal, se requieren más magistrados.

“Ojalá que un presupuesto insuficiente en el Tribunal no se refleje tanto en los salarios. Cuando le pegan a los salarios la gente capacitada se va y, cuando quien te juzga no tiene la capacidad necesaria para hacerlo, el proceso se alarga y se encarece.”

Por su parte, Mario Di Constanzo señala que la iniciativa que adiciona la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por la diputada Bernal Ladrón de Guevara, “es sólo una parte de toda una reforma al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que ya es urgente. Se debe luchar contra la ineficiencia de nuestro servicio para recaudar impuestos.

El especialista ejemplifica con los casi 13 mil juicios al año que pierde el SAT en México procedimientos del SAT “mal llevados”.

De acuerdo con Di Constanzo, el poder legislativo también es responsable del insuficiente presupuesto con el que trabaja el TFJFA. “El trabajo del Tribunal se ha incrementado por la forma en que se está legislando. La multiplicidad de cambios que se le hacen a las leyes fiscales año con año origina confusión tanto en las autoridades hacendarias como en los contribuyentes, quienes cada año tienen que actualizarse en la ley.

“Debemos hacer una ley más fácil de entender, más simple en sus ordenamientos y más estable a través del tiempo. No puede ser que año con año estemos tapando lagunas que tiene la ley o poniendo parches o creando lagunas con modificaciones.”

Di Constanzo dice que la política tributaria tiene que ser una política de largo plazo y fácil de entender para el contribuyente porque, “en la medida en que tengamos una legislación complicada, le cargaremos el trabajo a este Tribunal y le vamos a estar destinando más recursos para que atienda todas las quejas de año con año. Si hacemos leyes más sencillas, transparentes y eficaces, estaremos ahorrando los conflictos que finalmente se dirimen en los tribunales”.

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