Fobaproa: crimen, ¿y castigo?

Edgar Amador*

En la primera quincena de julio se dio el primer paso para lo que puede ser, ahora sí, el entierro oficial del infame Fobaproa, el rescate del sistema bancario que le costará al país casi 15 por ciento del PIB durante las próximas dos décadas. El acuerdo entre el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –el vástago del Fobaproa— y cuatro de los 12 bancos que inicialmente se acogieron al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, para intercambiar los controvertidos pagarés emitidos por el Fobaproa por obligaciones nuevas del IPAB, de concretarse en su totalidad, serían la loza que sepultara al fin al esqueleto ambulante del rescate bancario de 1995-2000.

El acuerdo tenía que darse. De lo contrario, la presión sobre las finanzas públicas en el 2005 sería enorme y podría producir o un déficit fiscal enorme o el recorte de otros programas prioritarios. La única salida posible, que no implicará un desconocimiento de la deuda del Fobaproa, fue la que se dio: el intercambio de deuda que vencía el año siguiente, por deuda de más largo plazo del IPAB, una vez que la deuda del Fobaproa se limpiara.

Si un marciano llegara a México en julio del 2004 y viera el arreglo bancos-IPAB, se regresaría a su planeta convencido de que las autoridades son unos genios y los bancos unas hermanas de la caridad: el IPAB y las autoridades de Hacienda lograron que de los 223 mil 25 millones de pesos que el Fobaproa debía a los bancos, se redujeran a tan sólo 107 mil 206 millones de pesos.

Es decir, la deuda se redujo a menos de la mitad y podría disminuir más si las auditorías que se realizarán en los siguientes meses encuentran motivos para que parte de esa deuda no sea aceptada por el IPAB.

La reducción se debió a dos factores, la cobranza de los llamados créditos relacionados, que fueron préstamos que la infame clase bancaria que quebró a los bancos en 1995-2000 se prestó entre ellos y sus socios y que metieron al Fobaproa para no pagarlos y que fueran absorbidos por los contribuyentes. Las pérdidas compartidas fueron diseñadas por el esquema de incentivos original, que implican, esas sí, una quita por parte de los acreedores (los bancos).

Lo importante de esto, y las autoridades y los bancos no se han cansado de repetirlo, es que todo se hizo conforme a la ley. Y es cierto.

Pero lo que nuestro marciano que viene a México no sabe, es que esa ley legitima una serie de sospechas en el mejor de los casos, o de bien fundados atropellos de banqueros, reguladores e intermediarios que, debido a la urgencia con la que se tuvo que salvar al sistema de pagos en 1995-1996, o a la intrincada red de intereses entre el sector bancario y los reguladores, fue endilgada a los contribuyentes.

Justos pagaron por pecadores. Y el diseño que la dizque brillante tecnocracia del salinato tenía del mecanismo de protección al ahorro, legitimó una barbaridad: una verdadera expropiación regresiva de la riqueza. Hasta la fecha, los funcionarios financieros defienden a capa y espada al infame Fobaproa, arguyendo que se “salvó al sistema de pagos” y que “se protegió a los ahorradores y no a los banqueros”. Como las verdades a medias, tal afirmación no es falsa, pero es incorrecta.

Quienes acabamos pagando el rescate del “sistema de pagos” (por no decir los bancos), fuimos los contribuyentes. Quienes pagamos impuestos somos los que por muchos años más seguiremos rescatando a los ahorradores de 1995.

Un ejercicio muy simple muestra que la clase ahorradora en México es muy exigua y por mucho que se diga que la población no paga impuestos, la base de contribuyentes es muchísimo mayor que la base de ahorradores hoy en día, ya no se diga en 1994-1995.

Los ahorradores, la parte de la población con capacidad de acumular recursos y usar los servicios bancarios, siguen siendo muy pequeños y en 1995 era aún mucho menor.

Fueron ellos, en todo caso, concediendo que no fueron a los banqueros, a los que se rescató en 1995-2000. Fueron a los grandes ahorradores, a los afluentes de este país, a quienes los contribuyentes, ricos y pobres, rescataron de la insolvencia. Eso fue lo que estuvo fundamentalmente mal del rescate de Fobaproa, la gigantesca asimetría entre los rescatadores y los rescatados, que en los hechos significó una transferencia de riqueza ineficiente en términos económicos, pues no castigó a quienes incurrieron en faltas.

Nadie hasta el momento ha ido a parar a la cárcel por el Fobaproa. Las responsabilidades se han obviado y la compleja red de intereses que tejió el rescate ha logrado legalizar lo que de inicio era ilegal (para empezar el gobierno absorbió la deuda sin tener autorización del Congreso).

El Fobaproa fue un crimen sin castigo.

Lo que acabamos de ver es lo que podría ser el último apretón de tuerca. La cereza de un pastel que nos va a costar mucho dinero y en donde los muchos pagaron para que los pocos pudieran sobrevivir y todo en aras del bien común.

El Fobaproa fue, a no dudarlo, el crimen perfecto.

* Director para México de Stone & McCarthy, de la consultoría en línea www.portafolios.com y comentarista de Monitor.

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