Si bien hasta el momento no se han modificado los artículos 25 y 27 de la Constitución, que garantiza que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía, permanezca como una actividad exclusiva del Estado, las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1992, que incluyeron las modalidades de autogeneración, autoabasto, cogeneración y el de productor independiente, crearon un enorme vacío legal aprovechado por empresas extranjeras, como Iberdrola.
Gracias a este escenario, en siete años de operación, Iberdrola se ha consolidado en la industria eléctrica mexicana. De hecho, en el viejo continente se promociona como “el mayor generador independiente de México”.
Actualmente, la empresa mantiene 2 mil 193 megawatts de potencia instalada operativa en las centrales de Altamira y Monterrey en la modalidad de autogeneración y como cogeneración en las plantas de Enertek (Tamaulipas) y FEMSA-Titán (Monterrey).
En agosto de 2000, Iberdrola contrató uno de los mayores préstamos otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un proyecto privado. El crédito fue por 457 millones de dólares, que se destinaron a la construcción en Monterrey de la central eléctrica de ciclo combinado de gas natural.
Antes de construir la planta, Iberdrola había asegurado su inversión mediante un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la venta de energía por 25 años. Esta planta, junto con la de Altamira, permitió a la empresa elevar sus ganancias un 10.1 por ciento durante el 2003.
En ese año, Iberdrola obtuvo un beneficio neto de mil 060.3 millones de euros, superando por primera vez en su historia los mil millones de euros. El informe corporativo de la empresa indica que las ganancias se debieron al “negocio de generación en México”.
Durante el 2003, Iberdrola aumentó 31.2 por ciento su producción en México con lo que logró ganancias de 552.5 millones de euros, es decir, 56.7 de sus ganancias netas fuera de España.
En octubre pasado, con la adjudicación de la obra para la construcción y explotación del ciclo combinado de Altamira V (1.121MW), que supondrá una inversión de 550 millones de dólares, Iberdrola se convirtió en la empresa con mayor producción de energía privada en México.
En su balance corporativo la empresa señala que “se trata del mayor proyecto licitado en México hasta la fecha entre productores independientes”.
Aunque, de manera oficial, la privatización del sector eléctrico experimenta una creciente controversia, desde el año pasado Iberdrola se hace llamar “el primer productor privado de electricidad de México”.
|
|
Los negocios de Iberdrola en el mundo |
Prospectiva de la generación bruta |
Irregularidades
Desde junio de 2002, representantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) denunciaron ante los senadores Manuel Bartlett y Demetrio Sodi las irregularidades sobre los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a empresas como Iberdrola.
Derivada de esta investigación, el senador Bartlett Díaz promovió que se integrara a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En los resultados de la ASF quedó claro que Iberdrola incumple dichos contratos porteando más del doble de la energía permitida y no reporta la conclusión de sus obras.
El resultado de la ASF indica que Iberdrola infringió la obligación de ajustarse y aceptar las condiciones del permiso de generación de energía en la modalidad de autoabastecimiento, según el convenio para el servicio de transmisión de energía celebrado con la CFE.
Según la ASF, por el excedente de porteo de energía por parte de las empresas privadas como Iberdrola, durante el 2000 la CFE dejó de percibir 30.1 millones de pesos; 19.6 millones en el 2001 y 91 millones de pesos en el 2002.
Además, el contrato estipula que, por el concepto de suministro de energía, la CFE está obligada a pagar un monto fijo a Iberdrola, independientemente de que el suministro se lleve a cabo o no. Por dicho concepto, en el 2002 Iberdrola fue beneficiada con 15.3 millones de pesos.
Iberdrola estableció además un contrato de energía de respaldo, es decir, si sus plantas sufren fallas y salen del sistema, Luz y Fuerza está obligada a suministrarla. Por este hecho, la ASF establece que en el 2002 Iberdrola fue beneficiada con 15 millones de pesos.
Sobre la notificación de sus obras, Iberdrola debía informar a la CRE sobre la conclusión de sus obras en la planta de Monterrey el 1 de julio de 2002, pero notificó hasta el 20 de julio del 2003, es decir 237 días después de lo obligado.
Sobre las irregularidades de Iberdrola, detectadas primero por el Frente de Trabajadores de la Energía y confirmadas luego por la ASF, aún no ha habido reacciones.
La ASF únicamente recomienda a la CRE la observación sobre los permisos otorgados a la empresa.
Iberdrola y el TLC
En su último informe corporativo, Iberdrola indica que sus principales áreas de inversión en América están enfocados a las áreas del Tratado de Libre Comercio: México, Estados Unidos y Canadá.
Para analistas como Gustavo Castro, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), el ingreso de empresas españolas a la privatización de la energía mexicana responde a una nueva etapa “del colonialismo español que se impone no sólo en México sino sobre toda la región del Plan Puebla Panamá (PPP) y del ALCA. Sus empresas hermanas están controlando el sector de la energía eléctrica, el gas, la telefonía (Telefónica de España), la banca (Santander, BBV), e invirtiendo en el petróleo (Repsol)”.
En México, Iberdrola prevé inversiones hasta el 2008, de 3 mil 100 millones de euros destinados fundamentalmente a la construcción de 5 mil 300 megawatts de potencia.
Javier Sainz, representante del FTE, asegura que el principal riesgo de la paulatina privatización del sector energético es además de la dependencia directa de esas empresas que, una vez que obtengan la autonomía, fijarán sus precios de manera que les generen más ganancias, como lo ha hecho Iberdrola en Guatemala, Bolivia y Brasil.
|
